Con la llegada de Raúl Castro a la presidencia de la República, de forma interina en 2006, y oficialmente en 2008 al renunciar Fidel a todos sus cargos oficiales, las relaciones entre la Iglesia y el Estado entraron en una nueva fase en la que el diálogo entre las dos instituciones ha trascendido los temas de índole religiosa y ha impli-cado el reconocimiento oficial de la jerarquía católica como legítima interlocutora del régimen. Desde entonces, la Iglesia Católica debe mantener un difícil equilibrio entre aquellos que la acusan de conveniencia con el gobierno y la prudencia a la que está obligada si quiere mantener el diálogo institucional.
Ya en el año 2006 al iniciar Raúl Castro su presidencia interina, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC), hizo pública una declaración en la que pedían a los fieles su oración por Fidel Castro, que se encontraba convaleciente tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica y rogaban a Dios que “ante los momentos difíciles que vive nuestra patria, nada pueda perturbar el bien superior de la paz” (Comisión permanente de la COCC, 2006, p.1). Poco antes, la jerarquía católica había presentado su plan pastoral 2006-2010 bajo el lema “Construimos juntos el futuro”, con el objetivo de: “colaborar en la transformación de nuestra sociedad y posibilitar la esperanza” (Plan Pastoral, 2006-2010, p. 1).
Tras su toma de posesión en junio del 2006, con el fin de aclarar las expectati-vas sobre una posible deriva reformista, el nuevo presidente quiso dejar claro que no se realizarían cambios sustanciales en la configuración política del régimen, sin embargo, en 2007 pidió a los dirigentes de las empresas estatales, funcionarios y secretarios provinciales del Partido Comunista, que le enviaran críticas sobre los aspectos negativos del mismo. Poco tiempo después, Raúl Castro invitó a todos los ciudadanos cubanos a enviarle sus opiniones. Los obispos de Cuba en su mensaje de Navidad, no dudaron en valorar positivamente que “las más altas autoridades del país hayan invitado a trabajadores, estudiantes y pueblo en general a debatir los problemas más urgentes de toda índole que afectan a nuestro pueblo” y enfatizaban que “la Iglesia Católica, como parte del pueblo ofrece su oración y su contribución, para que se encuentren soluciones reales y eficaces que favorezcan caminos de esperanza” (Declaración de los obispos de Cuba, 2007, p. 1).
Algo parecía estar cambiando en Cuba, pues catorce años antes la petición de
“diálogo interno” por parte de los obispos cubanos en su pastoral, “El amor todo lo espera”, había provocado suspicacias en las altas instancias del régimen, con el consiguiente enfriamiento en las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado.
Cuando había transcurrido poco tiempo desde la declaración de la jerarquía católica algunos grupos disidentes comenzaron a cuestionar la independencia de la Iglesia frente al Estado, al ser relevados de sus archidiócesis dos de los obispos más críticos con las políticas gubernamentales: Pedro Maurice de Santiago de Cuba y Jorge Siro de Pinar del Río, donde se edita la revista Vitral que inicialmente se destacó por su línea contestataria. Su sucesor en la diócesis, Jorge Serpa, entró en clara confrontación con el director de la revista, Dagoberto Valdés, que se vio obligado a dimitir de su cargo por las discrepancias con el nuevo prelado. La publicación desapareció durante algún tiempo y cuando volvió a editarse lo hizo con una línea menos crítica, lo que fue considerado desde algunos sectores de la disidencia como una concesión de la Iglesia al gobierno que puso, además, en entredicho, los esfuerzos del régimen por ofrecer una imagen de mayor pluralismo.
El argumento oficial para la sucesión de los dos obispos fue que habían cumplido los 75 años, edad de jubilación establecida por el Derecho Canónico, aunque esta norma se incumple con frecuencia10.
El 19 de febrero del 2008, Fidel Castro anunció mediante un mensaje publicado en el diario Granma que renunciaba definitivamente a sus cargos oficiales (Castro, 2008, p. 1). El día 24, la Asamblea Nacional del Poder Popular nombraba a Raúl Castro presidente del Consejo de Estado y por lo tanto nuevo presidente de la República. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, que teóricamente se encontraba en la Isla invitado por las autoridades para conmemorar el décimo aniversario del viaje de Juan Pablo II, fue el primer representante extran-jero que se reunió con Raúl Castro y con el canciller Pérez Roque, quien manifestó al término de la reunión que existía una gran coincidencia de criterios entre la Santa Sede y el gobierno cubano en los principales asuntos de la política internacional.
En esta línea Bertone se declaró contrario al embargo estadounidense y declinó reunirse con familiares de los presos políticos, en consonancia con lo exigido por el gobierno de La Habana a todos los mandatarios extranjeros que visitan la Isla.
Esta actitud fue reprobada por el Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) que acusó al cardenal “de excesiva complacencia con el gobierno”. Una parte de la disidencia, como el Partido Solidaridad Democrática (PSD) y la Corriente Socia-lista Democrática Cubana (CSDC), abogó también por que la Iglesia Católica se mostrara mucho más crítica hacia el régimen cuando parecían existir posibilidades reales de cambio. Para algunos sectores del catolicismo cubano, el Vaticano había
10 El cardenal Jaime Ortega sigue al frente de la Archidiócesis de La Habana, aunque cumplió 75 años en 2011.
condescendido con el gobierno de Raúl Castro a la espera de gestos positivos como la ampliación de la pastoral penitenciaria, y el acceso a la enseñanza y a los medios de comunicación. Al día siguiente del traspaso definitivo de poderes de Fidel a su hermano Raúl, la Conferencia de Obispos de Cuba emitía la siguiente declaración, recogida en el diario Granma:
En estos momentos nuestra oración se eleva para que la Asamblea Nacional del Poder Popular reno-vada, el Consejo de Estado y el nuevo presidente, reciban la luz de lo Alto para llevar adelante con decisión esas medidas trascendentales que sabemos deben ser progresivas, pero que pueden comen-zar a satisfacer desde ahora las ansias e inquietudes expresadas por los cubanos. (Declaración de los obispos de Cuba, 2008, p. 2)
De esta forma, la cúpula católica expresaba su apoyo al nuevo gobierno y manifestaba su anhelo de cambios graduales en el sistema castrista. En los cinco años transcurridos desde entonces, el ejecutivo cubano ha aplicado importantes reformas económicas y ha creado una relación menos centralizada entre el Estado y la sociedad. En febrero de 2013, el presidente Raúl Castro inició su segundo mandato presidencial y como balance del primero las autoridades gubernamentales han adoptado importantes medidas progresivas de índole económica y social que están comenzando a cambiar el escenario del país y que han sido aplaudidas por la Iglesia Católica, que en los últimos años se había mostrado partidaria de una mayor apertura por parte del régimen.
Las transformaciones en el ámbito político han sido muy limitadas. En abril de 2011 durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba el presidente Raúl Castro en un gesto inusual reconoció “la labor humanitaria de la Iglesia Católica y su aporte a los valores espirituales de la Nación” y anunció la limitación de los man-datos políticos y estatales a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años.
Este cambio no pareció suficiente para algunos miembros de la jerarquía eclesiástica y poco más tarde coincidiendo con la confirmación oficial por parte del Vaticano del viaje oficial de Benedicto XVI a Cuba, el portavoz de la Archidiócesis de La Habana, Orlando Márquez, solicitó al gobierno a través de un artículo publicado en Palabra Nueva, que acelerara el ritmo de las reformas. Márquez no solo instó a las autoridades gubernamentales a emprender una actualización política acorde con las reformas económicas que se estaban llevando a cabo, sino que llegó incluso a criticar el Documento Base de la Primera Conferencia del Partido Comunista Cubano porque en su opinión carecía de una visión de futuro, de un espíritu de proyección a medio y largo plazo: “y parece más bien un intento de poner parches a los problemas del día a día y no una respuesta al reclamo de toda una sociedad que busca asideros para un mañana que se percibe incierto” (Márquez, 2012, p. 8).
En febrero del 2013, en el marco de las reformas políticas propiciadas por el gobierno de La Habana, Miguel Díaz Canel, de 52 años, se convirtió en el número dos del régimen cubano al ser nombrado vicepresidente primero del Consejo de
Estado en sustitución de Machado Ventura, de 82, un histórico del Partido Comu-nista que participó en la revolución junto a los hermanos Castro y Ernesto “Che”
Guevara, perteneciente al sector más ortodoxo del mismo e inicialmente, contrario a cualquier tipo de reformas. Tras el nombramiento de Díaz Canel, Raúl Castro manifestó que formaba parte de una estrategia encaminada a transferir, de forma paulatina, los principales cargos del gobierno y del Estado a las nuevas generaciones.
Lo cual no deja de ser importante, teniendo en cuenta además que según establece la Constitución cubana en su artículo 94, en caso de muerte, enfermedad o ausen-cia del presidente del Consejo de Estado debe sustituirle automáticamente el vicepresidente primero. Miguel Díaz Canel, por lo tanto, se ha situado en la cúspide de la línea sucesoria del presidente Raúl Castro11.
En cualquier caso, las reformas de mayor calado se han producido en el ámbito económico y de apertura social. En marzo de 2008 el gobierno suspendió la prohi-bición que impedía a los cubanos alojarse en hoteles reservados a los turistas y se autorizó la compra de ordenadores y móviles; tres años más tarde permitió la compraventa de vehículos y viviendas y adoptó una nueva política crediticia que posibilita la financiación bancaria en pesos cubanos para la rehabilitación de edifi-cios y la realización de trabajo autónomo12.
En el marco de la “actualización socialista” anunciada por Raúl Castro, en el año 2010 la iniciativa privada se amplió a 178 actividades y desde entonces se permite a los particulares contratar asalariados13. Por otra parte, también se ha modificado la ley por la que se entrega la tierra en régimen de usufructo a los ciu-dadanos dispuestos a cultivarla, con el fin de paliar la escasez de alimentos y de reducir las importaciones en este ámbito, ya que se ha aumentado la extensión de las parcelas entregadas al tiempo que se ha posibilitado la construcción de viviendas en las mismas. Paralelamente, el gobierno ha aceptado la creación de cooperativas no estatales que estaban limitadas al sector agropecuario, ampliándolas a 47 activi-dades de trabajo privado.
Todas estas medidas han sido bien acogidas por la Iglesia Católica que las ha bendecido en sus habituales declaraciones institucionales teniendo en cuenta que venía reivindicando desde hacía tiempo cambios graduales en el sistema castrista.
Como aspecto negativo de las reformas hay que mencionar una reducción de las
11 Miguel Díaz Canel fue elegido miembro del Comité Central del Partido Comunista cubano en 1991 y el año 2003 pasó a formar parte de su Buró Político. En el período comprendido entre 2009 y 2012 ejerció como ministro de Educación Superior.
12 Estas medidas tan solo han beneficiado a los más privilegiados, ya que la mayoría de los cubanos debido al bajo nivel de sus salarios se han limitado a observar en la distancia el disfrute, por parte de una escasa minoría, de lo que consideran un lujo inaccesible.
13 En el año 1994 se adoptó en Cuba la denominada “Ley de Trabajo Individual” que permitía cierta iniciativa privada previa autorización oficial. Según datos oficiales, a finales del 2012 realizan un empleo autónomo alrededor de 400.000 cubanos y un 80 por ciento de ellos están ya sindicalizados.
plantillas estatales que implicará la expulsión de medio millón de funcionarios de sus trabajos, en un período de cinco años. Según fuentes del gobierno, en 2011 se eliminaron ya 140.000 empleos estatales y en 2012, 110.000. Sobre este hecho, los obispos cubanos han eludido realizar críticas al régimen.
En 2013, ha entrado en vigor la reforma migratoria que además de eliminar el permiso de salida para todos los cubanos incluidos los pertenecientes a grupos opositores, ha ampliado también de 11 a 24 meses el tiempo que se puede perma-necer en el exterior y ha hecho posible la entrada temporal de emigrados, incluyendo a aquellos que abandonaron ilegalmente la Isla. En virtud de esta ley el gobierno ha permitido a representantes de la disidencia viajar al exterior, lo que lógicamente y como cabía esperar lo han aprovechado para promocionar sus propuestas y manifestar públicamente sus opiniones sobre la evolución del régimen14. Yoani Sánchez realizó una gira de tres meses que la llevó a España, Méjico, República Checa, Brasil y Estados Unidos. Otros disidentes que han salido al exterior han sido Berta Soler de las Damas de Blanco, Eliecer Ávila y Orlando Pardo. Ante las críticas pronunciadas fuera de Cuba, el gobierno cubano ha permanecido en silencio, quizás para no fomentar la crispación interior entre defensores y detracto-res de la disidencia política. La jerarquía católica de la Isla tampoco se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en un artículo aparecido en la revista de los laicos católi-cos cubanos Espacio Laical si se ha cuestionado la actitud de los disidentes por sus críticas en el exterior.
A pesar de las posibilidades surgidas en virtud de la nueva ley migratoria y aunque el gobierno ha aceptado llevar a cabo la “actualización” del modelo econó-mico y ciertos cambios políticos, pretende mantener la cohesión ideológica a través del omnipresente Partido Comunista. En esta línea prosigue el control de los medios de comunicación y se dificulta el acceso a Internet mediante “problemas técnicos” y la limitación de los contenidos a los que tiene acceso la población. Por otra parte, aún persisten las normas punitivas del Código Penal aplicables a los opositores. Según el Informe de Amnistía Internacional sobre Cuba correspon-diente al 2012, durante ese año se llevaron a cabo una media de 400 detenciones mensuales “de corta duración” aplicadas sobre todo a manifestantes pacíficos de grupos opositores, periodistas independientes y activistas de derechos humanos (Amnistía Internacional, 2013). En Cuba, por lo tanto, persiste la vulneración de tales derechos.
La muerte en prisión del preso político Orlando Zapata en febrero de 2010, fue el hecho que propicio la labor mediadora de la Iglesia Católica. El fallecimiento de Zapata tuvo un gran eco mediático en todo el mundo, por ser el primer disidente
14 Sobre las reformas llevadas a cabo hasta el momento por el gobierno de Raúl Castro puede con-sultarse SWEIG Julia y Bustamante, Mikael (2013), “Cuba After Communism. The Economic Reforms That Are Transforming the Island”, Foreign Affairs, July/August 2013, pp. 101-115.
que moría en prisión, tras el fallecimiento, en 1972, del también opositor, Pedro Ruíz Roitel. Las negociaciones entre la Iglesia y el Estado culminaron con un acuerdo por el que los 52 detenidos durante la primavera negra que todavía se encontraban en prisión serían liberados. Pero el proceso de excarcelación se pro-longó nueve meses, período durante el cual el gobierno siguió ejerciendo la represión contra los disidentes e incluso encarcelando a alguno de ellos. Este hecho provocó tensiones entre la Iglesia y el Estado, así como ciertas discrepancias en la jerarquía católica de la Isla.
En el mes de agosto del 2011, fueron fuertemente reprimidas las manifestacio-nes de protesta de las Damas de Blanco, en La Habana y en Santiago de Cuba. Tras los sucesos, dos representantes de la organización disidente fueron recibidas por el secretario del cardenal Ortega, Ramón Suárez y por el portavoz del arzobispado de La Habana, Orlando Márquez. El 5 de septiembre la Archidiócesis hizo pública una declaración manifestando que “la violencia de cualquier tipo, aplicada a perso-nas indefensas no tiene ninguna justificación”. (Arquidiócesis de La Habana, 2011).
El gobierno respondió que desde ningún centro de decisión nacional se había dado la orden de agredir a esas personas. El cardenal Jaime Ortega que se encontraba de visita en Madrid para asistir a las Jornadas Mundiales de la Juventud prefirió per-manecer al margen de la polémica y en el mes de octubre presentó al Papa su renuncia al Arzobispado de La Habana al cumplir setenta y cinco años, tal y como establece el derecho canónico. Benedicto XVI, sin embargo, lo confirmó en su cargo al frente de la Archidiócesis. En este contexto, la visita que el papa Benedicto XVI realizó a Cuba en marzo de 2012, contribuyó a consolidar el diálogo institucional entre el gobierno de Raúl Castro y la Iglesia Católica cubana, y reafirmó el papel de los obispos como interlocutores internos del régimen.
Tanto el Vaticano como la Iglesia local, quieren una transición pacífica en la Isla y para facilitarla, un clima de reconciliación que solo será posible manteniendo una actitud prudente ante las políticas gubernamentales. La intención del Vaticano de no incomodar a las autoridades cubanas se puso claramente de manifiesto cuando en su viaje a Cuba el papa Benedicto XVI guardó un discreto silencio tras el discurso de bienvenida pronunciado por el presidente Raúl Castro, en el que ensalzaba los triunfos de la revolución para justificar la pervivencia de su régimen. En cuanto a la Iglesia local, la actitud del arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime Ortega, volvió a suscitar las críticas de los grupos opositores por una entrevista publicada en el periódico del Vaticano, L’Osservatore Romano, poco antes de la visita papal, en la que Ortega negó la existencia de presos políticos en Cuba (L’Oservatore Romano, 2012, p. 4). Poco después llamaba a la policía para desalojar a un grupo de disiden-tes que había ocupado pacíficamente la Iglesia de Nuestra Señora de La Caridad de La Habana, contradiciendo claramente el papel tradicional de la Iglesia Católica como lugar de asilo para perseguidos políticos, que sin estar recogido en ninguna norma escrita si forma parte del derecho consuetudinario.
Con el nombramiento del jesuita argentino Jorge María Bergoglio como nuevo Papa en sustitución de Benedicto XVI, quizás se produzcan cambios en la cúpula de la Iglesia Católica cubana. Aunque su prioridad será propiciar en el interior de la Iglesia los cambios necesarios que le permitan salir de la crisis que padece por los escándalos de corrupción y pederastia, en el ámbito de su acción exterior la Santa Sede se enfrenta al desafío de frenar la pérdida de fieles en América Latina, tradi-cional bastión del catolicismo, frente a la vertiginosa proliferación de iglesias protestantes y evangélicas en países como Brasil o Cuba.
En la actualidad hay unos 700 millones de protestantes repartidos por todo el mundo, de los cuales 300 millones son pentecostales. Se calcula que en América Latina unas 800 personas dejan cada día la Iglesia Católica para unirse al pentecos-talismo, que además de construir templos está invirtiendo ingentes cantidades de recursos en universidades y cadenas de televisión. Lo que caracteriza a este credo es la relación directa del individuo con Dios al margen de las “interferencias” del clero, de forma que cada persona individualmente considerada constituye en sí misma
En la actualidad hay unos 700 millones de protestantes repartidos por todo el mundo, de los cuales 300 millones son pentecostales. Se calcula que en América Latina unas 800 personas dejan cada día la Iglesia Católica para unirse al pentecos-talismo, que además de construir templos está invirtiendo ingentes cantidades de recursos en universidades y cadenas de televisión. Lo que caracteriza a este credo es la relación directa del individuo con Dios al margen de las “interferencias” del clero, de forma que cada persona individualmente considerada constituye en sí misma