En primer lugar, conviene hacer una matización entre los términos “sociedad”
y “sociedad civil” ya que a veces suelen utilizarse como sinónimos incurriendo con frecuencia en errores conceptuales. El término sociedad puede aplicarse al conjunto de individuos que componen un Estado y desde esta óptica pueden ser clasificados teniendo en cuenta variables objetivas (edad, sexo, condición social, profesión, etc.), mientras el término “sociedad civil” es más complejo desde el punto de vista con-ceptual y sus definiciones, cargadas a veces de matices ideológicos, pueden llevar a confusión. Las relaciones de la Iglesia Católica respecto a la sociedad y a la sociedad civil son de diferente naturaleza como veremos. Una definición acertada de sociedad civil es la que nos ofrecen Oxhorn y Dilla que la describen como:
El tejido social formado por una multiplicidad de unidades heterogéneas en sus composiciones so-ciales y metas, que coexisten en escenarios de conflictos, negociaciones y acuerdos, y resisten colec-tivamente la subordinación al Estado, al mismo tiempo que demandan su inclusión en las estructu-ras políticas existentes. La sociedad civil es vista así como una interacción de grupos que conforman nuevas relaciones de poder o afectan a las existentes, sea consolidándolas o erosionándolas. (1999, pp. 129-148)
Lo fundamental, por lo tanto, es que la sociedad civil preserve su independen-cia frente al Estado rechazando la subordinación a éste, aunque entre ambos actores, tal y como señala Evans, “pueden existir relaciones fluidas y de mutuo reforzamiento en función de la existencia de espacios democráticos” (1997, p. 55). Para Oxhorn se trata además:
…de un proceso continúo entre diferentes segmentos sociales que se organizan e interactúan unos con otros y con el Estado. Ello permite a los diferentes grupos y particularmente a aquellos en des-ventaja social y política obtener capacidad para influir en los resultados políticos y contribuir a la emergencia de un modelo alternativo. (1997, pp. 167-233)
7 A este respecto Patrick Michel estable cuatro variables en las relaciones que pueden desarrollarse entre la Iglesia y el Estado en cualquier país del mundo: la religión contra la nación; la nación contra la religión; la religión al servicio de la nación y la nación al servicio de la religión. Según el autor la Iglesia cubana ha experimentado históricamente las dos primeras variables y en la actualidad se sitúa en la ter-cera.
Para este autor la fortaleza de la sociedad civil depende no solo de su diferen-ciación respecto al Estado, sino también del grado de la distribución del poder económico, político, ideológico y coercitivo que exista en la sociedad. Cuanto más plural sea un Estado, mayores serán las posibilidades de desarrollo de una verdadera sociedad civil.
Partiendo de estas premisas y circunscribiéndonos al caso cubano podemos afirmar que por las características totalitarias del régimen, en los más de 50 años transcurridos desde el triunfo de la revolución castrista los ciudadanos han carecido de los espacios necesarios para el desarrollo de una auténtica sociedad civil. De hecho con la llegada de Fidel Castro al poder, a pesar de sus promesas realizadas desde Sierra Maestra en el sentido de instauración democrática en el caso de derro-camiento del dictador Batista, la mayor parte de las organizaciones sociales existentes en aquel momento fueron proclamas ilegales por el nuevo régimen, bien por sus vínculos con la dictadura de Fulgencio Batista o bien por sus actitudes
“contrarrevolucionarias”. Por el contrario, se privilegiaron y se crearon multitud de organizaciones sociales que contribuyeron a reforzar los objetivos revolucionarios.
En la actualidad existen en la Isla más de 2000 organizaciones sociales que deben ser inscritas legalmente en el Ministerio de Justicia, previa aprobación de dos organismos estatales. Destacan entre las mismas las denominadas Organizaciones Sociales de Masas (OSM) que han actuado durante muchos años como meras correas de transmisión entre el Estado y sus asociados. Forman parte de este grupo la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) o los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que realizan las fun-ciones de policía política del régimen. También se incluyen entre las organizafun-ciones de masas las asociaciones estudiantiles y las profesionales (de periodistas, de escri-tores, de economistas etc.), que han adquirido en los últimos años un mayor grado de autonomía respecto al Estado, sobre todo aquellas relacionadas directamente con la intelectualidad y ciertos círculos académicos.
Por otra parte y al margen de las OSM, encontramos las asociaciones fraterna-les en las que se inscriben las Logias masónicas, las culturafraterna-les y deportivas y las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, que han mostrado con fre-cuencia su rechazo hacia el excesivo tutelaje del Estado sobre su funcionamiento y objetivos. Las cooperativas de agricultores que cultivan la tierra en régimen de usufructo tras la entrada en vigor de La Ley de Trabajo Individual en 1994, también forman parte de este entramado de organizaciones sociales del régimen y podrían constituir un verdadero germen de sociedad civil si disfrutaran de un grado de independencia que les permitiera desarrollar su trabajo sin tener que limitar su actuación a las directrices del gobierno y del partido8.
8 Desde diciembre del 2012 el cooperativismo no estatal no solo se aplica al sector agropecuario, sino también a medio centenar de actividades económicas de trabajo privado.
Algunas de las asociaciones mencionadas proliferaron en la Isla en la década de los años noventa del pasado siglo, cuando el gobierno cubano para sacar al país de la crisis que lo atenazaba tras el desmembramiento de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas y los procesos democratizadores de Europa del Este decidió realizar una serie de reformas económicas, que provocaron la irrupción de nuevos actores en la sociedad. Algunos académicos de Cuba comenzaron a utilizar sin ambages el término “sociedad civil”, mientras el gobierno se refería a la “sociedad civil socialista” para dejar claro que no iban a permitir discordancias que pusieran en riesgo su liderazgo, conscientes de que los inicios de muchos procesos democra-tizadores partieron de proclamas reivindicativas de movimientos sociales. Desde este punto de vista podemos afirmar que frente a la sociedad civil oficial y al margen de las organizaciones religiosas que por su misión evangélica rechazan ser conside-radas parte de la misma, “la disidencia constituye el único fundamento de una posible sociedad civil en Cuba” (Letrelliart, 2005, p. 2).
Teniendo en cuenta el panorama descrito, ¿qué lugar ocupa la Iglesia Católica en medio de este entramado social? y ¿Cuál es su papel frente a la sociedad y a las organizaciones oficiales y disidentes?
En cuanto a la sociedad en general, dejando al margen los movimientos sociales de distinta índole, opositores o pro gubernamentales, que operan en Cuba, el papel de la Iglesia Católica no ha cambiado en lo esencial, aunque su misión, lógicamente, se ha visto condicionada en gran medida por las relaciones cíclicas con el régimen y las facilidades o dificultades otorgadas por éste, en función de la naturaleza de las mismas.
Como manifiesta González Maderos, cuando triunfó la revolución en 1959, “la Iglesia Católica contaba ya con varios espacios de inserción social, que le permitían incidir y ser tomada en cuenta en el espacio público” (2004, p. 7). El principal nexo de unión entre la jerarquía católica de la Isla y los revolucionarios que derrocaron a Batista en los inicios del nuevo régimen fue el papel que unos y otros otorgaban a la sociedad, al coincidir en el anhelo de devolver al pueblo las libertades perdidas durante el período dictatorial. Sin embargo, la ruptura entre la Iglesia y el Estado producida en 1960 privó a la Iglesia de los espacios públicos de los que gozaba tras siglos de arraigo en el país. Los estatutos del Partido Comunista Cubano consti-tuido oficialmente en 1965 abrieron una gran brecha entre la Iglesia Católica y la sociedad, ya que al establecer como obligación de los militantes “luchar contra el oscurantismo religioso”, muchos católicos se vieron obligados a ocultar su fe para no ser víctimas de las represalias gubernamentales. El fin del ateísmo oficial del Estado acaecido en 1992 tras la reforma constitucional que estableció la libertad religiosa en Cuba, permitió a la Iglesia abrir nuevos cauces en sus relaciones con la sociedad. Desde entonces, la jerarquía católica ha tratado de acompañar al pueblo cubano en los momentos difíciles a los que se ha enfrentado el país tras el colapso del bloque soviético.
Podemos afirmar, por lo tanto, que mientras las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado han atravesado momentos de enfrentamiento y ruptura desde el triunfo de la revolución en 1959, no ha ocurrido lo mismo con las relaciones entre la Iglesia y la sociedad ya que, aunque éstas han estado supeditadas a los cambios sufridos por el propio régimen, el pueblo cubano por lo general valora positivamente la labor desempeñada por el clero católico, especialmente en circuns-tancias adversas como las vividas durante la crisis económica que sacudió al país en la década de los noventa del siglo pasado o durante la ola represiva del 2003, la denominada “primavera negra”, que se saldó con la detención de 75 disidentes, algunos de los cuales fueron condenados apenas de hasta 28 años de prisión. En ambas ocasiones, los obispos cubanos alzaron su voz para mostrar su proximidad a la ciudadanía.
En cuanto a la crisis de los años noventa, durante esa década la falta de alimen-tos, de repuestos para el transporte, de materias primas y de otros productos procedentes del bloque comunista se convirtió en la mayor preocupación de los cubanos. El transporte público se colapsaba con frecuencia por falta de repuestos y combustible y la población tenía que soportar cortes continuos en el suministro eléctrico. El gobierno, por su parte, trataba de paliar la falta de alimentos mediante la distribución de cartillas de racionamiento, que otorgaban escasos productos y de mala calidad. En el período comprendido entre 1989 y 1993, Cuba sufrió una caída de su producto interior bruto del 35 por ciento.
Como consecuencia de la situación anteriormente descrita, durante este período la jerarquía eclesiástica de la Isla además de aportar a la sociedad la asistencia pas-toral propia de su ministerio incrementó su apoyo material. En los años noventa comenzaron a llegar a Cuba religiosos procedentes de América Latina y España para servir a la Iglesia. Realizaban tareas humanitarias, como la distribución de alimentos y medicinas en las zonas rurales más deprimidas. La labor asistencial de la Iglesia se artículo a través de la organización católica Caritas Cuba creada con el beneplácito del gobierno en el año 1991. Llegó a contar con unos 14.000 volunta-rios repartidos por toda la Isla que aportaron asistencia a unas 30.000 personas. Se nutría fundamentalmente de fondos procedentes de la Unión Europea y la ayuda proporcionada consistió en la distribución de medicinas, alimentos y artículos de primera necesidad.
En el contexto de la situación descrita de penuria económica generalizada y desesperanza, los obispos de Cuba quisieron hacer oír su voz mediante la publica-ción de la pastoral “El amor todo lo espera” en el año 1993, en la que instaban al gobierno a seguir nuevos caminos para solucionar los problemas que atenazaban a la población y abogaban por un “diálogo interno”, para afrontar la crisis. Como en el documento final del Encuentro Nacional Eclesial Cubano de 1986, los obispos volvían a destacar los esfuerzos del gobierno “para promover la salud, la instrucción y la seguridad social” (Instrucción teológica pastoral, 1993, p. 1). En el texto, la
jerarquía eclesiástica analizaba las principales dificultades que a su juicio eran fuente de sufrimiento para la sociedad, como la crisis económica, la concepción ideológica excluyente o el deterioro cívico y moral y trataba de aportar soluciones a estos problemas (Pestaño Fernández, 2009).
Si bien la pastoral tuvo buena acogida por parte de la población que mostró interés por conocer la opinión de los obispos sobre la situación que atravesaba el país, la prensa oficial criticó fuertemente la posición de la Iglesia, al interpretarla como un alineamiento con la política estadounidense en un momento en el que la Administración Clinton acababa de endurecer el embargo comercial a Cuba mediante la adopción de la Ley Torricelli9. En cuanto a las autoridades del régimen consideraron la publicación de la pastoral como un acto de “alta traición” por la referencia en el documento a la necesidad de establecer un “diálogo interno” para sacar al país de la crisis que lo atenazaba. Por aquellos días, los analistas de política internacional se referían con frecuencia al “efecto dominó”, como a un fenómeno inevitable que acabaría derrocando a los regímenes comunistas de todo el mundo y Fidel Castro interpretó que lo que pretendían los obispos cubanos con su pro-puesta era constituir una mesa de diálogo, en la que pudieran sentarse diferentes grupos sociales y políticos, con el fin de establecer una especie de gobierno de transición. Paradójicamente, un año después de la publicación de la pastoral, Fidel Castro comprendió la necesidad de acometer una serie de reformas económicas para tratar de paliar la dura crisis que atravesaba el país y los obispos cubanos pudieron observar, no sin cierta perplejidad, como algunas de sus propuestas fuertemente criticadas por el régimen se ponían en práctica.
Diez años más tarde, la ola represiva del 2003 llevó a los obispos cubanos a publicar una nueva pastoral “La presencia social de la Iglesia”, que sigue constitu-yendo hoy día la hoja de ruta que aplica la Iglesia Católica en sus relaciones con el gobierno. En ella la jerarquía eclesiástica trata de definir qué puede aportar la Iglesia a la sociedad y como han de desarrollarse sus relaciones con el Estado. En cuanto a su papel en la sociedad se alzan en conciencia ciudadana al reivindicar el respeto a los “derechos humanos más elementales”, como el derecho a la vida, a la libertad de expresión, y a la participación social y política, pero al tiempo que denuncian implícitamente la vulneración de los derechos humanos por parte de las autoridades gubernamentales, expresan su deseo de reconciliación y la necesidad de establecer un diálogo con el Estado (Instrucción teológica pastoral, 2003, p. 3). Los obispos expresan también su percepción de que en Cuba subsiste una lucha sutil contra la Iglesia, tratándola “como una entidad que puede sustraer fuerzas o energía a la
9 La Ley Torricelli prohibía comerciar con Cuba a las filiales de multinacionales estadounidenses en el extranjero; establecía una moratoria de seis meses para atracar en puertos estadounidenses, a barcos mercantes que hubieran embarcado o desembarcado mercancías en puertos cubanos y decretaba la reducción o la retirada de ayuda financiera preferencial, a países que comerciaran con Cuba.
revolución”. En este contexto hacen un llamamiento a la Oficina para la Atención a los Asuntos Religiosos, adscrita al Comité Central del Partido Comunista, para que posibilite, mediante el diálogo “la revisión y solución de asuntos de interés común” (Instrucción teológico pastoral 2003, p. 8). Este deseo de la jerarquía católica se materializó en el año 2010, al iniciar conversaciones con Raúl Castro para la liberación de presos políticos.
En cuanto a las relaciones de la Iglesia Católica con la “sociedad civil”, los obispos de Cuba tratan de situarse al margen de ella porque consideran que su misión evangelizadora les obliga a ser neutrales en este ámbito, aunque admiten que no pueden permanecer indiferentes “a los problemas del pueblo cubano, a sus dificultades, carencias y angustias, ni ante la falta de libertad del hombre” (Instruc-ción teológico pastoral, 2003, p. 5). En este sentido, una parte de la disidencia rechaza la neutralidad propugnada por la jerarquía eclesial y la acusa de dejarse
“domesticar” por el gobierno y de no utilizar su capacidad de influencia para pro-piciar un cambio de régimen.
Para Orlando Márquez, director de la revista Palabra Nueva de la Archidióce-sis de La Habana, “no se puede ver a la Iglesia Católica como a un partido de oposición, ni como a una institución encargada de llenar el vacío de sociedad civil independiente que existe en Cuba” (Létrelliart, 2005, p. 11). Por otra parte, en la pastoral “La presencia social de la Iglesia” los obispos de Cuba manifiestan que la Iglesia no puede formar parte de la sociedad civil ya que “al ser de origen divino, no es equiparable a ningún otro elemento de la sociedad”. Si admiten, sin embargo, que partiendo de su naturaleza divina, la Iglesia “puede ayudar a mejorarla” (Ins-trucción teológica pastoral 2003, p. 7) y de hecho la jerarquía católica de la Isla ha contribuido a ello en los últimos años, ya que no solo ha aportado a la población la asistencia pastoral propia de su ministerio y apoyo material en los momentos de crisis, sino también un importante apoyo formativo que ha contribuido a fomentar la conciencia ciudadana entre los cubanos.
Uno de los primeros centros que trató de contribuir a la preparación del post castrismo fue el Centro Cívico Religioso de Pinar del Río, dirigido en sus orígenes por Dagoberto Valdés. Su revista Vitral, con una tirada de 5000 ejemplares, con-tribuyó a fortalecer la conciencia ciudadana mediante la publicación en sus páginas de temas de interés político. En el centro se impartían además cursos de información jurídica y seminarios sobre temas diversos como Derechos Humanos, Economía y Sociedad. También fue importante la labor desempeñada por el Centro Bartolomé de las Casas de La Habana, en el cual se celebraron numerosos debates, con títulos como “Cuba y la Mundialización” o “Ateísmo y religión”, en algunos incluso parti-ciparon intelectuales próximos al régimen. Aparte de los centros mencionados, numerosas organizaciones laicas comenzaron a impartir, en la década de los noventa, cursos y talleres sobre informática, idiomas, Ciencias Políticas, Periodismo, Econo-mía y Derechos Humanos entre otros (Letrelliart, 2007, p. 8).
Podemos afirmar, por lo tanto, que la labor que desempeña la Iglesia Católica ha contribuido al fomento de la sociedad civil al poseer, además de templos, impor-tantes redes asociativas que abarcan todo el país, destacando entre ellas los centros de asistencia social y los de formación cívico religiosa. Por otra parte, sus publica-ciones impresas y electrónicas llegan, según fuentes de la propia iglesia, a medio millón de cubanos. Y, todo ello, dentro de una estructura organizativa muy sólida que se articula a través de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC).