A inicios de la década del noventa, Cuba se enfrenta una aguda crisis económica, como resultado del desplome del campo socialista europeo. A pesar de los avances
1 Espacio-familia: Relación existente entre la organización espacial (sistema de objetos y acciones) y las condiciones de reproducción social medidas en la unidad básica de agregación de sus habitantes (Iñiguez, Ravenet, 1999).
2 Entendemos la desigualdad espacial o territorial, como diferencias que pueden ser medidas obje-tivamente, construidas históricamente o súbitamente en los procesos particulares de evolución de la sociedad. Distinguimos entre ellas las inequidades, como aquellas desigualdades moralmente injustas, evitables.
en materia de equidad de los procesos productivos y de consumo, logrados durante más de 30 años y, donde la planificación física había jugado un papel esencial, con la apreciable reducción de los desequilibrios territoriales, las „rugosidades” (Santos, 1990, p. 161) espaciales persistían.
Todas las capitales provinciales y muchas de las ciudades intermedias (de más de 20 000 habitantes), se habían convertido en centros económicos, sociales y políticos de sus territorios; en el resto de las cabeceras municipales, ni se había consolidado una base económica propia, ni parecía posible que se lograse a mediano plazo, por lo que la fuerza de trabajo debería mantenerse en empleos fuera del territorio y en lo fundamental agrícolas. En pueblos y comunidades que integraban la llamada “franja de base” del sistema de asentamientos poblacionales, cuyas fun-ciones económicas eran agropecuarias o agroindustriales, se notaba un relativo retraso en el desarrollo (Franco, 1991).
De forma menos explícita, algunos componentes de los flujos espaciales también se reproducían, en especial los asociados a la dimensión conductual de las condi-ciones de vida, como las características culturales de grupos sociales de diferentes espacios geográficos3.
La agudización de la crisis económica, y el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica, provocó el establecimiento de un programa de emergencia económica denominado “Periodo Especial”, con el objetivo central de amortiguar al máximo los “efectos de la crisis sobre la población y reorientar el funcionamiento económico de la nación, acorde con las nuevas condiciones”
(Ferriol, 1998, p. 364). Por lo tanto, fue definido como uno de los objetivos cen-trales de este periodo, preservar el principio de equidad social, manteniendo en lo posible los ingresos de los trabajadores, los servicios de salud y educación, así como la distribución de bienes de consumo normados. A mediados de la década del noventa, comenzó la aplicación de una serie de medidas tales como el incremento del trabajo por cuenta propia, la creación de mercados agropecuarios, industriales y artesanales, el fomento del sector mixto y las inversiones extranjeras, que ampliaban y diversificaban las formas de inserción en los procesos de producción-distribución y consumo. Tanto estas medidas, como otras encaminadas al saneamiento de las finanzas internas, produjeron impactos negativos sobre la situación económica de muchas familias, que “también de forma diferenciada, disminuyeron su nivel de vida” (Pérez, 1998, p. 147).
3 Utilizamos en este documento el concepto de espacio de Milton Santos como “conjunto indiso-ciable de sistemas de objetos (fijos, o formas) y acciones (flujos, funciones), con una determinada estruc-tura y en permanente interacción, siempre testimonio de una historia escrita por los procesos del pasado y del presente, y la acepción de territorio como un área de límites precisos, de poder y responsabilidad político-administrativa, sectorial, o de otras múltiples organizaciones de la sociedad (Santos, 1996, pp. 130, 138).
Aunque los cambios se establecieron de forma más o menos sincrónica para todos los grupos y espacios poblacionales, los efectos se difundieron o intensificaron de forma diferenciada. La capacidad de respuesta dependió inicialmente de la situación de partida, la violencia de los cambios y las posibilidades de “amortigua-miento” de los impactos negativos. La asignación de funciones de interés nacional fomentadas por el sector estatal era guiada por la verticalidad, y por la “producti-vidad espacial”4, y beneficiaron a determinados lugares seleccionados para cumplir funciones de prioridad nacional, mientras, algunos espacios-familias, lograban por vías productivas o no, recuperar sus niveles de consumo y detener el deterioro de las dimensiones de condiciones de vida.
En el avance de la implementación de las medidas de ajuste, el sector turístico se erigió como actor económico emergente más importante, seguido del minero-metalúrgico, el energético, y el agroindustrial no cañero. Todos ellos, sustentados en la localización de condiciones y recursos naturales, y de infraestructuras más favorables preexistentes o creadas para esos desempeños.
Mientras estos sectores permitían al Estado, dentro de ciertos límites, mantener políticas sociales universales, las posibilidades de irradiación de sus ventajas hacia territorios y población próximos fueron muy limitadas. La creación o incentivo de formas de propiedad no tradicionales como las empresas mixtas, tuvieron una localización concentrada en la ciudad de La Habana.
Por otra parte, emergían también nuevos actores económicos no estatales – legales, ilegales o alegales5–, regulados tanto por factores objetivos que incluían hasta las posibilidades productivas de los espacios geográficos, los patrones de distribución de la población (urbano, rural concentrado o disperso), como factores subjetivos, asociados a la voluntad o la capacidad de pensar y ejecutar acciones para mejorar la dimensión económica de las condiciones de vida. Estaban creadas las condicio-nes para la ampliación de las desigualdades sociales y acechaban las inequidades.
Aunque no puede desconsiderarse la influencia de otros múltiples componen-tes en la decisión de migrar, donde incluso participan factores subjetivos, de los cuales no se cuenta con informaciones recientes, se considera que las categorías de migración interna orientan de manera indirecta las respuestas de la población a los impactos negativos en sus territorios de residencia, o a la atracción que ejercen otros considerados más dinámicos o donde se esperan mejoras en dimensiones de las condiciones de vida.
Al inicio de la década del noventa, fue registrado el incremento de muni-cipios en equilibrio migratorio y de munimuni-cipios emisores, comparados con el
4 Diferente capacidad de los lugares para ofrecer rentabilidad a las inversiones, dependiente de las potencialidades locales condicionadas por el soporte técnico-informacional (Santos, 1996, p. 197).
5 Actividades que se consienten, pero no han sido reglamentadas legalmente. Concepto usado por Jordi Borja en su obra “La ciudad conquistada”, 2003.
trienio anterior. A partir de la segunda mitad de los años noventa, coherente con la aplicación de las medidas de ajuste económico, se observó el incremento de municipios receptores donde se localizaban los más importantes polos turísticos o inversiones en la exploración y explotación de recursos energéticos, o mineros metalúrgicos o favorecidos por exitosos planes priorizados de desarrollo agroindus-trial citrícola, así como el incremento de municipios emisores y la reducción de los receptores en las provincias centrales y orientales (Boquet, 1998 y Montes, Lantigua y San Marful, 2001).
Por otra parte, los elevados volúmenes de inmigrantes a la capital del país, promovieron que en 1997, se aprobara un Decreto-Ley 217, que contemplaba la regulación del movimiento poblacional hacia cuatro municipios centrales de la provincia Ciudad de La Habana (en la actualidad Provincia La Habana), con más elevadas densidades de población. Fue lograda la reducción inmediata de las tasas de saldo migratorio interno en ellos, mientras se incrementaban los municipios altos receptores de población en la parte occidental y suroccidental de la provincia vecina (Montes, Lantigua y San Marful, 2001) (San Marful y Morejón, 2009).
En la zona rural la afectación a los sectores productivos y de servicios fue muy intensa, en especial asociada a restricciones de la movilidad por carencia de trans-portación. No obstante, en los primeros años de la crisis se produce una disminución en la pérdida de población rural, e incluso, ganancias de efectivos en estas zonas, con bajos valores que sugieren el interés por lograr en el medio rural una mejora en las condiciones económicas y de alimentación.