A pesar de los efectos favorables de la recuperación económica y de la perma-nente preocupación del Gobierno, por elevar las condiciones y el nivel de vida de la población, y la mantenida proximidad de algunos indicadores territoriales de educación y salud, de forma inevitable en la década del 2000, era apreciable el deterioro en las infraestructuras de servicios sociales, la descapitalización de las industrias, y un creciente nivel de desigualdad asociada a la crisis. Adaptando los análisis de Santos y Arroyo (1997), acerca del desarrollo y la estratificación de territorios, se puede considerar que por efecto de los nuevos procesos productivos y sociales se habían definido en el país espacios o zonas luminosas y espacios o zonas opacas, “otra geografía de las desigualdades” (Santos y Arroyo 1997, p.54).
El análisis de situación, dio lugar a la organización de programas de recuperación de sectores sociales llamados “Programas de la Revolución”, que superaron los 100, caracterizados por Ferriol, Castiñeiras y Therborn, como: “una revolución social dentro del desarrollo social alcanzado” (2005, p.164). Los Pro-gramas de la Revolución fueron inscritos en un movimiento denominado “Batalla
de Ideas”6, en el cual se definieron como ejes centrales los trabajadores sociales, comenzando la formación emergente de estos actores. En este marco, se consideró necesario introducir políticas focalizadas a grupos sociales vulnerables, que no habían logrado amortiguar los efectos del programa de reforma económica, y en paralelo mantener políticas sociales universales, en lo esencial en la educación y la salud, aunque con fuertes restricciones operacionales.
Los territorios emergentes priorizados continuaron su desarrollo y en el caso del turismo fueron ampliados hacia otros espacios de grupos insulares del archi-piélago. Algunos procesos que habían comenzado a actuar sobre la reformulación de fijos y flujos espaciales se intensificaron y entre ellos se destaco el incremento de las remesas y la vinculación formal o informal, legal o ilegal a actividades pro-ductivas y de servicios. Las carencias de información para la aprehensión de la geografía de estos procesos continúan hasta la actualidad, dibujada solo en algunos estudios de caso.
El continuado deterioro de las actividades del sector agropecuario, con carencias de insumos, problemas organizativos de producción y comercialización, factores climáticos, y otros, mantenía reducciones en el aprovechamiento de las tierras agrícolas, con la consecuente disminución de la producción agropecuaria. Los esfuerzos por superar estas limitantes incluyeron desde la aprobación de nuevas formas cooperativas como las UBPC7, hasta el establecimiento de Programas como el Alimentario, y de la Agricultura Urbana y suburbana.
La agroindustria azucarera que históricamente fuese líder de la producción y exportación, comenzó una reestructuración a inicios de mayo del 2002, con el objetivo de redimensionar el sector. Con toda probabilidad, fue este el proceso más significativo en los cambios en la estructura espacial productiva de Cuba durante la década del 2000. Por un lado el patrimonio azucarero industrial fue reducido de 156 a 61 industrias8, quedando menos del 40% del existente y de 97 municipios con centrales azucareros, 45 perdieron la totalidad de las fábricas que se localizaban en su territorio (IPF, 2003). Las desactivaciones de industrias tuvieron una amplia distribución geográfica, más intensa en el occidente y centro occidente del país (Graf.1).
6 La “batalla” se establece entre las tendencias al individualismo, egoísmo y otras manifestaciones que proliferaron al calor de la crisis económica de los años noventa, cuando las soluciones personales primaron por encima de las sociales para la recuperación del nivel de vida y status de individuos y familias (conseguir un empleo en el sector emergente, pasar al sector informal de la economía, emigrar para reme-sar a la familia), y la recuperación del papel del sector formal y estatal en la mejoría de las condiciones de vida.
7 UBPC – Unidades Básicas de Producción Cooperativa.
8 Cifra total de industrias azucareras que quedaron, después de la segunda fase del proceso de redi-mensionamiento (Tarea Álvaro Reinoso II, 2006).
Gráfico 1. Centrales azucareros activos e inactivos, 2007.
Fuente: Elaborado por los autores.
La pérdida de la principal base económica de un municipio, o de un asenta-miento azucarero (batey), ocurrió cuando existían limitadas condiciones para que estos “territorios de la economía nacional” reorientaran de forma rápida sus fun-ciones productivas, aún cuando pasaran a ser “territorios de la economía local”. Se pusieron en práctica diferentes proyectos, ampliamente documentados, que procu-raron mitigar el intenso deterioro en las dinámicas económicas y sociales en estos espacios.
Algunos estudios habían pronosticado que los impactos negativos en los muni-cipios se diferenciarían según factores tales como: la producción azucarera como función económica predominante y principal fuente de empleo, la localización de la central en la capital municipal o próxima a esta, la intensidad de la reducción del área cañera o del número de centrales; o la existencia de otros actores económicos localizados dentro del propio municipio en otras partes del territorio (IPF, 2003).
No obstante, Oliveros (2010) llamó la atención acerca de que 1991 de los asenta-mientos implicados en el proceso eran rurales, donde residían 826 993 habitantes, que tenían menos alternativas para enfrentar el proceso de desarticulación econó-mica, por lo cual los efectos negativos sobre las dinámicas sociales podían ser muy desfavorables.
Al margen de la discrepancia o aceptación con la decisión del estado de redi-mensionar la primera industria del país, o de la forma en que fue implantado el proceso. Hasta la actualidad se reconocen dificultades en la reconversión productiva de territorios ex azucareros, y en la reorganización de los espacios del cotidiano.
Como apuntara Andrés Dembicz, cuando nadie habría considerado el posible
declive de la Cuba azucarera: “…la base económica de los bateyes azucareros es la industria azucarera, cuya y fábrica independientemente del tamaño y volumen de producción, decide sobre la vida social y económica de estos poblados” (1976, p. 65). Transcurridos 10 años del inicio del proceso, en algunos asentamientos antes azucareros, en especial rurales, hasta la actualidad se registran limitaciones en la disponibilidad de servicios básicos, e insatisfacciones de la población asociada a la pérdida de la identidad azucarera construida durante muchas décadas (Vera, 2013) (Machado, 2013).
En el marco del redimensionamiento, en el período del 2003 al 2007, se produjo la reducción de la superficie cultivada de caña, más intensa en la parte centro occidental del país, que totalizó cerca de 500 000 ha. Aunque uno de los objetivos estratégicos del proceso fue la reconversión de áreas cañeras hacia nuevos usos, con vistas a lograr mayor diversificación e incrementar la producción de alimentos, varios especialistas alertaron sobre la posibilidad del incremento de las tierras ociosas (Nova, 2004; IPF, 2003).
Así, entre el 2003 y el 2007, el país incrementó la superficie de tierras ociosas en 243 681 ha.; y de ellas, el 92% correspondió a municipios que disminuyeron la superficie cultivada de caña de azúcar (ONEI, 2007).
Los mayores índices de ociosidad se localizaron en las regiones occidental y oriental, coincidentes con territorios de mayores índices de desaprovechamiento agrícola, tierras de plantaciones de caña, vinculados a la actividad ganadera, cuando los índices más bajos los obtenían los tradicionales territorios de mayor producti-vidad en las llanuras meridionales de la región occidental, y municipios montañosos del oriente del país (Iñiguez, 2010). En septiembre del 2008 entraron en vigor el Decreto-Ley 259 “Sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo” y el Decreto 282 “Reglamento para la Implementación de la entrega de tierras ociosas en usufructo”9, a personas naturales y jurídicas. Aunque el objetivo esencial era el incremento de la producción agropecuaria y la reducción de la importación de alimentos, la reducción de las tierras ociosas con seguridad fue uno de los factores de tal decisión.
La entrega de tierras, trascurrió con fuertes diferencias territoriales dependien-tes de la productividad, del índice de ociosidad, y de la fluidez o las trabas organizativas del proceso que abarcó la totalidad de los municipios que tenían declaradas tierras ociosas (164 de los 169 existentes entonces). Para el año 2010, 106 municipios habían disminuido su superficie agrícola ociosa, y aquellos con más de la cuarta parte de sus tierras agrícolas ociosas pasaron de 72 en el 2007, a solo 10 municipios en el 2010, más de la mitad de las tierras habían sido entregadas y
9 Consultar página de la Asamblea Nacional del Poder Popular: http://www.parlamentocubano.
cu/index.php/labor-legilativa/decretos/325-decreto-no-282-reglamento-para-la-implementacion-de-la-entrega-de-tierras-ociosas-en-usufructo-270808-.html.
el 55% de ellas solicitadas para uso pecuario, dada la menor dificultad para conver-tirlas en productivas y en especial los ingresos superiores definidos para esta producción, concentrados en territorios tradicionalmente ganaderos, de provincias de la parte centro oriental y central del país. Las cifras anteriores permiten valorar solo un aspecto de los cambios de la estructura espacial, de lo cual no puede inferirse el incremento en la producción agropecuaria, o las mejoras en la dimensión econó-mica de las condiciones de vida de la población vinculada a estas actividades productivas.
Un análisis de la evolución anual de la migración interna, durante la década del 200010, identifica como receptores a solo un 20% del total de municipios del país, coincidentes con aquellos donde se concentraron las más fuertes inversiones en el sector turístico, la exploración y explotación de recursos minerales y energéticos, y en el sector agropecuario industrial. La alta recepción de inmigrantes, desde la década de los noventa, por parte de otros municipios localizados al norte y oeste de la antigua provincia de La Habana, se puede explicar por la proximidad y faci-lidad de comunicación con la capital del país y a la regulación en la recepción de migrantes antes comentada. Una de las actividades a la que con mayor frecuencia se vincularon estos grupos de población fue a la venta y reventa de productos, principalmente alimenticios, en barrios de la ciudad de La Habana, incrementando el llamado “mercado negro”. Se organizaron así, de forma espontánea, barrios y asentamientos con serias limitaciones en las condiciones de habitabilidad.
Así, la atracción o luminosidad de los territorios receptores de población, provino de dos fuentes: la que aportaron los enclaves de desarrollo fomentados desde mediados de la década del noventa o a inicios de la década del 2000 y la resultante de la percepción de la población de las oportunidades de residir en las cercanías de La Habana. En los últimos años, en municipios de la provincia donde se localiza la capital del país, se registran tasas de crecimiento negativas a expensas de la disminución de la migración interna, de tasas mantenidas de migración externa y de bajas tasas de fecundidad. En otras capitales provinciales también se registra la disminución de las tasas de crecimiento por razones similares.
Los municipios emisores (80% del total) han mantenido sus tasas negativas o incluso las han incrementado, con pocas excepciones, concentrados en la parte oriental y centro oriental del país y dispersos en todas las provincias, y sus creci-mientos naturales son los responsables de que sean territorios proveedores de población emigrante. Los pocos receptores de población rural se asocian a
condi-10 El análisis solo se pudo extender hasta el 2008 por la ruptura de la serie de datos, debido a que la población total del año 2009 aparece ajustada según los límites territoriales del Decreto – Ley 269 modi-ficativo de la Ley No. 18 de los Límites Territoriales de las Provincias y de los Municipios, del 4 de enero de 2010; por lo que varios municipios del país ganan o ceden cantidades de población de decenas, cientos o miles de personas.
ciones ventajosas desde el punto de vista de las actividades económicas y asentamientos de mayor importancia. En todos los casos, se pueden mencionar regularidades espaciales y patrones de aglomeración que generan heterogeneidades al interior de las provincias, y quiebran las tradicionales zonas occidental, central y oriental, que son aún utilizadas en los análisis geográficos de la población.
A tono con las nuevas dinámicas rurales, se observa la concentración sectorial de las actividades secundarias y terciarias en el empleo de la población rural. En investigaciones realizadas por el Instituto de Planificación Física en 1991, se plan-teaba que era poco pertinente asociar el empleo agrícola con la población rural y las cifras del Censo de Población y Viviendas de Cuba para el año 2002, éstas nos dicen que la concentración de las actividades secundarias y terciarias en la población rural empleada alcanza, en ocasiones, valores cercanos al 80% en algunos territorios.
No obstante, la regularidad es la presencia de valores más elevados vinculados a cabeceras provinciales y municipales, a la zona costera y a otros objetivos económi-cos. El fenómeno denota de manera indirecta la alta movilidad de la población rural, básicamente en busca de empleo.
La disminución de las tasas de crecimiento poblacional en los municipios del país, reforzada desde la década del noventa, se intensifica en la década del dos mil, para el 2006 pasa a ser negativa y se mantienen hasta la actualidad alrededor de cero. Desde el año 2004 no se garantiza el reemplazo poblacional. La tendencia al decrecimiento de la población rural, observada desde los años setenta experimentó una ruptura que marcó el comienzo de un crecimiento positivo continuado de la población rural, aunque con valores muy bajos. Estos incrementos estuvieron condicionados a la pérdida de importancia del componente mecánico (migración) que había domi-nado hasta este momento los crecimientos totales, al tiempo que se imponía como elemento determinante el crecimiento natural (natalidad) de la población rural.
En la dinámica del sistema de asentamientos también se observaron cambios.
La población de las zonas rurales mayores de 200 habitantes aumentó, al absorber a la de zonas rurales menores de 200 habitantes y dispersos, proceso contrario a lo observado en las zonas urbanas de menos categoría que decrecen. Esta regularidad evidencia un movimiento de dirección rural dispersa a rural concentrada. Además de los altos niveles de urbanización y de la concentración de la población rural, otros elementos provocan diferencias en los espacios rurales, como es el peso de la población rural dispersa que varía entre un 1% y un 67%.
Los municipios con mayores niveles de ruralidad en general tienen la condición de emisores de población, a excepción de algunos vinculados al desarrollo turístico, e industrial. Los receptores de población suelen coincidir con niveles más bajos de ruralidad y se encuentran en los núcleos tradicionales de mayor desarrollo de la actividad económica (Oliveros, 2010).
Un ejemplo de la importancia entre las dinámicas económicas y sociales de los asentamientos contenidos en un municipio, indicadores demográficos muestran
que en aquellos donde se desactivaron la totalidad de los centrales azucareros, eminentemente “cañeros azucareros”, con restricciones para la reestructuración de la vida económica y la recuperación de las dinámicas sociales, se registraron creci-mientos y tasas de saldos migratorios negativos, experimentando incluso perdidas de población absoluta, mientras en otros casos donde al interior del municipio se localizaban actores económicos renovados o estables, las tasas de crecimiento total y las de saldo migratorio interno, fueron positivos.
Por último, uno de los principales procesos socio demográficos que ha experi-mentado la población cubana es la tendencia al envejecimiento con un ritmo muy elevado, desde 1990, por ejemplo en el año 2012 la población de 60 años y más, constituye un 18,2%. Se plantean como determinantes, las bajas tasas de fecundi-dad, y el incremento de la esperanza de vida, y aunque el fenómeno es de distribución nacional, algunos municipios del país presentan indicadores superiores al 20% desde hace varios años, por el contrario poco más de 10%, en especial en municipios montañosos de las provincias orientales.
Lo más sugerente de este fenómeno en la población rural radica en el predomi-nio del sexo masculino en las edades superiores a los 65 años, contrario a lo que se observa a nivel nacional. En este comportamiento pudieran intervenir procesos como la migración femenina campo-ciudad asociada a mujeres de edad más avan-zada. A ello pueden unirse los clásicos patrones de herencia y explotación de la tierra, que frecuentemente se asocian al sexo masculino y que en ocasiones provocan su permanencia en la zona rural, mientras que la mujer se emplea en sectores secundarios y terciarios asociados a asentamientos urbanos.